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Dos hombres y una mujer imputados en Salta por el transporte de más de 100 kilos de marihuana

Dos hombres y una mujer que circulaban por el sur de la provincia de Salta, en un vehículo denunciado como robado en el que transportaban 49 paquetes que contenían más de 100 kilogramos de marihuana, fueron imputados por el delito de transporte de Estupefacientes agravado y se les dictó la prisión preventiva.


Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que, a partir de la acusación de la fiscal Paula Gallo, el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal contra las tres personas al considerarlas coautoras del delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes".


Durante la audiencia, el magistrado -en línea con lo solicitado por el MPF- ordenó también la detención de los dos hombres y la mujer, cuyas identidades no pudieron ser acreditadas fehacientemente debido a la falta de precisión brindada por los imputados respecto a sus datos personales


Al presentar el caso, la fiscal explicó que los tres acusados fueron sorprendidos el 18 de julio pasado, por un móvil de la División Rural de la Policía de Salta que realizaba en ese momento un recorrido preventivo por denuncias de abigeato en la ruta provincial 41, que une el departamento Rivadavia con el de Anta.


Por ese camino de tierra y en sentido norte a sur, los policías vieron circular una motocicleta seguida por un automóvil blanco, marca Chevrolet Onix, y advirtieron que los dos vehículos, al ver el patrullero, hicieron un giro en U e iniciaron la fuga.


Al tratarse de un camino de tierra y por la polvareda levantada, los policías alcanzaron a ver que la moto se desvió y que el auto siguió, por lo que mantuvieron la persecución hasta que, metros más adelante, encontraron solamente el vehículo sin ocupantes y sin la llave de arranque.


Al inspeccionar el lugar, establecieron que los ocupantes se habían fugado hacia el monte, de densa vegetación, por lo que solicitaron apoyo al área de Drogas Peligrosas y, con intervención judicial, se procedió a la requisa del rodado en la base operativa de la localidad de Joaquín V. González.


La fiscal explicó en la audiencia que en el asiento trasero del vehículo se hallaron 49 paquetes que contenían 100,2 kilos de marihuana.


En ese procedimiento se incautó también documentación vehicular, tanto del rodado abandonado como seguros de otros dos, lo que permitió establecer que la patente había sido cambiada y que el auto registraba pedido de secuestro por denuncia por robo.


Al día siguiente, en el marco de la búsqueda, los policías entrevistaron a un puestero que les señaló que había visto a cuatro personas que caminaban con una moto.


A partir de esta información, se identificó en la misma ruta 41, a 10 kilómetros al sur, una serie de huellas de una motocicleta cuyo rastro decidieron seguir, lo que les permitió encontrar a los ahora imputados, uno de los cuales intentó resistirse a la detención.


La fiscal resaltó que se encontró en poder de uno de los involucrados la llave del automóvil abandonado.


Por su parte, la mujer implicada, que se encontraba con un niño de dos años, tenía más documentación relacionada a la causa y dos gramos de cocaína, por lo que el MPF planteó que, en su caso, la acusación incluya la tenencia de estupefaciente para consumo personal.


Al momento de requerir la acusación y la prisión preventiva, la fiscal hizo foco en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa en el que podrían incurrir los acusados y destacó la gravedad del hecho, dada la cantidad de droga que transportaban, el daño en abstracto a la salud pública y la logística puesta de manifiesto, con uno de ellos en motocicleta, a modo de puntero.


En la audiencia, la defensa había pedido la libertad de sus clientes y, en el caso de la mujer, de manera subsidiaria, había planteado el arresto domiciliario, medida que el juez dispuso como viable solo cuando se establezca de manera real el lugar de arraigo de la misma.


Al momento de dictar la prisión preventiva, Bavio autorizó una serie de peritajes solicitados por la fiscalía sobre los teléfonos secuestrados y otras medidas para establecer si existen vínculos de los acusados con el robo del rodado. (Télam)

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